Se acepta a trámite la posible paralización de la implementación de la LOMCE

La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, conocida popularmente como LOMCE, ha sido una de las reformas más polémicas que ha intentado llevar a cabo en los últimos meses el Partido Popular y uno de los principales puntos de fricción con los posibles aliados para formar gobierno. Tanto es así que el PP tuvo que paralizar su implementación, prevista para el presente curso académico, y revisar diversos puntos vinculados a ella, como las famosas reválidas.

Esta misma semana, la oposición ha dado un nuevo paso para su eliminación al conseguir que la propuesta presentada por el PSOE para frenar el calendario de implementación de la LOMCE haya sido admitida a trámite por el Congreso. Todos los grupos políticos excepto el PP han votado a favor de esta propuesta e inicia un largo recorrido legislativo al respecto que puede dilatarse meses. El ministro de educación ha criticado esta postura, indicando que ya se había procedido a la suspensión de la implementación de las reválidas y de otras medidas hasta alcanzar un acuerdo general para la educación. En todo caso, para intentar acelerar el proceso, se ha convocado una conferencia sectorial para el próximo 28 de noviembre que, según ha declarado Íñigo Méndez de Vigo, servirá para llegar a un acuerdo para la suspensión de los efectos académicos de la ley hasta que se llegue al mencionado pacto nacional por la educación. En todo caso, el ministro se muestra confiado en que se pueda llegar a un pronto acuerdo, dado que la mayoría de las reformas vinculadas a LOMCE ya se implementaron antes de la finalización de la anterior legislatura. No se sabe cuánto durará esta suspensión, dado que dependerá de lo que se tarde en llegar a un acuerdo general en materia educativa, pero es previsible que este periodo no sea inferior a seis meses. Si no se consigue una resolución en un espacio breve de tiempo, se espera que las reválidas de este año se celebren pero no tengan ningún efecto académico y que se lleve a cabo una Prueba de Acceso a la Universidad siguiendo los mismos procedimientos que la regían hasta la llegada de la LOMCE.

Esta es la primera proposición de ley que el PP no ha podido frenar desde que consiguió la mayoría absoluta en las elecciones generales del 2011. No solo no ha podido evitar su tramitación en la votación, sino que tampoco se ha admitido el veto que han intentado presentar los populares con la argumentación de que afectaba a los presupuestos. En todo caso, hasta que esta propuesta se apruebe finalmente, se mantienen en vigor todos los aspectos vinculados a la LOMCE que ya han sido aprobados con anterioridad.

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